SÍNTESIS EJECUTIVA

Análisis del Informe del Banco Mundial
“Panorama económico de América Latina y el Caribe: Aprovechando la transición de la IA”

Octubre de 2026

RESUMEN

El informe publicado recientemente por el Banco Mundial presenta un panorama que destaca a la región por su carácter resiliente frente a los shocks externos, pero limitada por un crecimiento económico modesto, una inversión insuficiente, un espacio fiscal reducido y persistentes déficits de capital humano. Para 2026 se proyecta un crecimiento regional de 2,2%, ligeramente inferior al 2,4% registrado en 2025. Sin embargo, el crecimiento per cápita sería prácticamente nulo, lo que anticipa efectos sobre el bienestar, la movilidad social y la estabilidad interna.
El informe identifica trayectorias nacionales divergentes. Algunas economías muestran mejores resultados debido a reformas fiscales, fortalecimiento de la confianza, inversión privada, apertura comercial, mejora de la seguridad interna o aprovechamiento de sectores específicos. Argentina, Paraguay, El Salvador, Panamá y República Dominicana aparecen como ejemplos de desempeños superiores al promedio regional, aunque sus situaciones y fundamentos son distintos. En contraste, las economías mayores —Brasil y México— mantienen un crecimiento moderado, mientras Chile enfrenta una desaceleración de la actividad, menor confianza interna y presiones derivadas del debilitamiento de la demanda, los precios de los combustibles y la menor producción minera.
Esta heterogeneidad es importante desde una perspectiva estratégica. América Latina y el Caribe no constituye un espacio de riesgos homogéneos, sino una región en la que coexisten Estados con capacidades institucionales y fiscales muy diferentes, economías dependientes de materias primas, países vulnerables a shocks energéticos y climáticos, y sociedades caracterizadas por elevados niveles de informalidad y desigualdad. La combinación de estas condiciones determina la capacidad de cada país para prevenir crisis, sostener servicios esenciales, proteger infraestructuras críticas y responder a amenazas convencionales y no convencionales.
La tesis central del informe es que la inteligencia artificial puede convertirse en un nuevo motor de productividad y contribuir a superar el bajo dinamismo económico regional. No obstante, sus beneficios no serán automáticos. La principal limitación de América Latina y el Caribe no sería el acceso a modelos tecnológicos avanzados, sino la capacidad de trabajadores, empresas y gobiernos para absorberlos, adaptarlos e incorporarlos en sus procesos productivos e institucionales. Sin mejoras simultáneas en educación, capacidades de gestión, calidad de los datos, infraestructura digital, interoperabilidad y ciberseguridad, la IA podría concentrar sus beneficios en los sectores más productivos y ampliar las desigualdades existentes.

La presente síntesis, utiliza los antecedentes económicos, sociales y tecnológicos del informe para extraer conclusiones fundamentalmente relacionadas con la seguridad y la defensa en América Latina. En consecuencia, no pretende reproducir exhaustivamente todos los contenidos del documento del Banco Mundial. Su propósito es interpretar cómo las tendencias descritas pueden afectar la resiliencia de los Estados, la estabilidad social, la protección de infraestructuras críticas, la seguridad energética, la ciberdefensa, la autonomía estratégica y la capacidad de respuesta frente a crisis complejas.

Una transición tecnológica con efectos de seguridad

La IA debe ser entendida como una tecnología de impacto transversal. Sus efectos no se limitarán a las empresas tecnológicas ni a las instituciones militares, sino que alcanzarán las administraciones públicas, las fuerzas armadas, los servicios de seguridad, el sistema financiero, el transporte, la energía, la salud, la educación y las comunicaciones.
El informe advierte que la adopción de IA en la región es amplia, pero generalmente superficial. Las empresas utilizan estas herramientas para redactar textos, buscar información o realizar tareas básicas, pero todavía presentan dificultades para incorporarlas en procesos centrales complejos. El principal obstáculo no sería únicamente financiero, sino la falta de capacidades gerenciales, conocimientos técnicos, datos utilizables y prácticas organizacionales adecuadas.
Esta observación tiene una traducción directa para la defensa. La incorporación de sistemas de inteligencia artificial en actividades de mando, control, inteligencia, vigilancia, reconocimiento, logística o mantenimiento no garantiza por sí misma una ventaja operacional. La tecnología puede producir resultados deficientes si opera con datos incompletos, sistemas incompatibles, procedimientos burocráticos rígidos o personal insuficientemente capacitado.
Para los organismos de seguridad ocurre algo similar. Un sistema predictivo puede facilitar la identificación de patrones delictivos, flujos logísticos o amenazas emergentes, pero su eficacia dependerá de la calidad de los registros, de la coordinación entre instituciones y de la existencia de mecanismos de control. La IA no sustituye las capacidades básicas del Estado; en muchos casos, hace más visibles sus deficiencias.
La cuestión central, por tanto, no es simplemente adquirir herramientas de IA, sino desarrollar una arquitectura institucional capaz de utilizarlas con seguridad, trazabilidad y supervisión humana. Esto exige establecer estándares comunes, definir responsabilidades, verificar resultados y evitar la dependencia de soluciones aisladas que no puedan integrarse en los sistemas nacionales.

Vulnerabilidad social y estabilidad interna

El informe presenta una imagen más compleja de los efectos laborales de la IA. El 78,1% de la fuerza laboral de América Latina y el Caribe se desempeñaría en la denominada economía tangible, donde los algoritmos deben interactuar con el mundo físico. Esto incluye actividades manuales, transaccionales, logísticas, productivas e informales.
El documento distingue entre trabajadores cognitivos rutinarios, trabajadores manuales en entornos estructurados, trabajadores informales en actividades no estructuradas y ocupaciones que dependen de capacidades físicas complejas o de cualidades humanas como la empatía y los vínculos comunitarios. En los primeros grupos, el riesgo de automatización o desplazamiento puede aumentar a medida que disminuyan los costos de la IA generativa y de la robótica.
La informalidad no debe confundirse con una protección permanente frente a la automatización. El hecho de que hoy resulte difícil automatizar actividades de subsistencia, por sus bajos ingresos y dispersión espacial, no significa que esos empleos sean tecnológicamente seguros a largo plazo. Si los costos del hardware disminuyen, podrían verse afectados sectores que actualmente parecen poco expuestos.
Desde la perspectiva de la seguridad, una transición tecnológica desigual puede operar como multiplicador de riesgos. No significa que la automatización conduzca necesariamente a violencia o criminalidad, pero sí puede generar condiciones de mayor vulnerabilidad cuando se combina con:
– bajo crecimiento y escasa movilidad social;
– informalidad persistente;
– déficits educacionales;
– débil capacidad de reconversión laboral;
– baja confianza en las instituciones;
– presencia de economías ilícitas;
– desigualdades territoriales y generacionales.
En sociedades donde el Estado no logra ofrecer oportunidades de adaptación, la percepción de exclusión tecnológica puede alimentar protestas, conflictos por proyectos de inversión, desinformación y rechazo a instituciones públicas o empresas privadas. La seguridad interior debe considerar estos efectos preventivamente, sin reducirlos a un problema policial.
La respuesta más adecuada exige combinar políticas de seguridad con políticas de empleo, educación, formación profesional y protección social. El informe recomienda intervenciones anticipatorias y focalizadas, especialmente para trabajadores expuestos a tareas rutinarias y para quienes enfrentan mayores dificultades de reconversión.

Infraestructura crítica y ciberdefensa

La digitalización ampliará la dependencia de infraestructuras críticas. Redes eléctricas, sistemas financieros, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, hospitales, centros de datos y cadenas logísticas estarán cada vez más conectados y automatizados. Esa interdependencia puede mejorar la eficiencia, pero también aumentar los efectos de una intrusión, una interrupción o una manipulación de datos.
El informe señala que muchos gobiernos de la región enfrentan problemas de calidad de datos, fragmentación institucional, escasa interoperabilidad y capacidades limitadas para las adquisiciones digitales. También identifica una brecha entre el uso interno de IA y el uso de estas herramientas para mejorar los servicios dirigidos a la ciudadanía.
En materia de defensa, estas debilidades pueden traducirse en vulnerabilidades concretas:
– sistemas de mando y control con arquitecturas incompatibles;
– información fragmentada entre fuerzas armadas, policías y organismos civiles;
– dificultad para compartir alertas sobre amenazas;
– dependencia de proveedores externos;
– escasa capacidad de auditoría de algoritmos;
– exposición de datos sensibles;
– respuesta lenta ante incidentes cibernéticos;
– dificultades para asegurar la continuidad de servicios esenciales.
La ciberseguridad debe ser tratada como un componente de la defensa nacional y de la seguridad pública, no como un asunto exclusivamente técnico. La expansión de la IA puede fortalecer la detección de anomalías y la respuesta ante incidentes, pero también reducir el costo de producir campañas de phishing, suplantación, desinformación, reconocimiento automatizado de vulnerabilidades y ataques dirigidos.
Por ello, la región necesita avanzar en capacidades nacionales y cooperativas de ciberdefensa. Las prioridades deberían incluir ejercicios conjuntos, intercambio de información sobre amenazas, protección de infraestructuras críticas, protocolos de respuesta, formación especializada y coordinación entre el sector público y los operadores privados.

Seguridad energética y cambio climático

El informe identifica la volatilidad de los precios de la energía y los efectos del fenómeno El Niño como riesgos relevantes para la economía regional. La matriz energética latinoamericana presenta una elevada participación de la hidroelectricidad, que representa casi la mitad de la generación eléctrica regional. En consecuencia, las sequías pueden reducir la disponibilidad de energía y obligar a recurrir a generación térmica más costosa y dependiente de combustibles importados.
Los eventos climáticos extremos también pueden dañar redes de transmisión, infraestructura de distribución, carreteras, puentes, puertos y sistemas de abastecimiento. Las inundaciones y las sequías afectan, además, la agricultura, la seguridad alimentaria, los ingresos de los hogares y las cuentas fiscales.
Los episodios de El Niño de 1997-1998 y 2015-2016 constituyen antecedentes útiles. El informe los utiliza para mostrar que los déficits hidrológicos pueden afectar significativamente la generación eléctrica y producir efectos en cadena sobre la producción, los precios, el transporte y las finanzas públicas.
La comparación con esos períodos no implica afirmar que el escenario actual será idéntico. Su valor reside en mostrar que los riesgos climáticos se transforman en riesgos de seguridad cuando afectan simultáneamente varios sistemas críticos. Una sequía prolongada puede generar restricciones eléctricas, alza de precios, presión sobre los subsidios, conflictos por el agua y deterioro de la actividad productiva. Una inundación puede provocar desplazamientos, interrupción de cadenas logísticas y una demanda extraordinaria sobre las fuerzas armadas y los organismos de emergencia.
La defensa regional deberá incorporar con mayor intensidad funciones de apoyo a la autoridad civil, protección de infraestructura, transporte de ayuda, vigilancia territorial, evacuación y respuesta ante desastres. Esto exige planificación conjunta, reservas logísticas, sistemas de alerta temprana y ejercicios de continuidad operacional.

Recursos críticos y competencia geopolítica

La transición tecnológica incrementará la importancia de los minerales críticos, la electricidad confiable, los centros de datos y las redes de comunicaciones. El informe destaca que América Latina y el Caribe dispone de reservas importantes de minerales relevantes para las cadenas de valor de la IA, aunque su capacidad de refinamiento y agregación de valor sigue siendo limitada.
Esta situación genera una oportunidad económica, pero también un desafío de autonomía estratégica. Si los países se limitan a exportar minerales o a alojar infraestructura tecnológica extranjera, pueden reproducir un patrón de dependencia similar al observado en anteriores ciclos de materias primas.
La comparación histórica es pertinente en este punto. En diversos períodos de auge exportador, los altos precios de los recursos naturales produjeron ingresos y crecimiento, pero no siempre generaron diversificación productiva, capacidades tecnológicas propias o instituciones suficientemente fuertes. La transición de la IA podría repetir esa dinámica bajo nuevas formas si la región no obtiene transferencia tecnológica, encadenamientos productivos y capacidades nacionales.
La competencia por minerales, energía y centros de datos puede intensificar:
– disputas territoriales y ambientales;
– conflictos por el agua;
– presión sobre comunidades locales;
– dependencia de proveedores y mercados externos;
– espionaje económico y tecnológico;
– sabotaje de infraestructura;
– competencia por corredores logísticos y posiciones estratégicas.
La seguridad económica y la defensa deben, por ello, converger en una política de resiliencia de cadenas de suministro. Las inversiones extranjeras en sectores críticos deberían evaluarse no solo por su impacto financiero, sino también por sus efectos sobre la infraestructura, la protección de datos, la dependencia tecnológica, la seguridad territorial y la continuidad de servicios esenciales.

Posibles líneas de acción en materias de seguridad y defensa

Aunque el informe que se analiza no es un documento de seguridad y defensa, sus argumentos y sensibilidad permiten identificar algunas medidas a adoptar:
1. Incorporar la IA y la automatización en la planificación estratégica. Los ministerios de defensa y seguridad deberían elaborar escenarios sobre sus efectos en capacidades militares, empleo, cohesión social, crimen organizado e infraestructura crítica.
2. Fortalecer las bases institucionales antes de ampliar la tecnología. La prioridad debe ser mejorar datos, interoperabilidad, protección de redes, adquisiciones, formación y continuidad operacional.
3. Desarrollar capacidades selectivas. La región no necesita competir integralmente con las potencias tecnológicas. Puede concentrarse en áreas específicas como ciberdefensa, análisis de información, vigilancia territorial, gestión de emergencias, seguridad energética y protección de cadenas logísticas.
4. Preparar a las fuerzas armadas para crisis multidimensionales. Las capacidades de respuesta deben abarcar desastres climáticos, interrupciones energéticas, “ciberincidentes”, protección de infraestructura y apoyo a la autoridad civil.
5. Evitar la fragmentación tecnológica. La adquisición de soluciones aisladas puede aumentar la dependencia y dificultar la cooperación. Deben priorizarse estándares, arquitecturas interoperables y mecanismos comunes de evaluación.
6. Profundizar la cooperación regional. El intercambio de información, los ejercicios conjuntos, la capacitación y la coordinación ante amenazas cibernéticas, climáticas y logísticas pueden aumentar la resiliencia colectiva.

Conclusión

El informe del Banco Mundial describe una transición económica y tecnológica a partir de la cual se pueden deducir efectos directos sobre la seguridad y la defensa. Su principal aporte para el análisis estratégico es mostrar que la vulnerabilidad regional no dependerá únicamente del acceso a tecnologías avanzadas, sino de la capacidad de los Estados para organizar, proteger y gobernar esa transición.
La IA puede mejorar la productividad, fortalecer los servicios públicos y ampliar las capacidades de vigilancia, alerta y respuesta. Pero también puede concentrar beneficios, desplazar trabajadores, aumentar la desigualdad, ampliar la superficie de ciberataque y profundizar la dependencia de recursos, infraestructura y proveedores externos.
En estas circunstancias la seguridad debe ser entendida como la capacidad de preservar la estabilidad social, el funcionamiento institucional, la continuidad de los servicios esenciales y la autonomía de decisión frente a shocks tecnológicos, climáticos, económicos y geopolíticos. El reto no consiste en alcanzar una autosuficiencia tecnológica completa, sino en desarrollar capacidades nacionales y regionales selectivas, interoperables y confiables.

Por último, la conclusión estratégica es muy clara desde el punto de vista de la seguridad y la defensa. Es fundamental que se asuma que la transición de la IA será también una transición de seguridad. Los países que logren combinar capital humano, instituciones eficaces, ciberseguridad, resiliencia energética, protección de infraestructura crítica y cooperación regional estarán mejor preparados para convertir la transformación tecnológica en una fuente de desarrollo. Aquellos que adopten tecnologías sin fortalecer sus capacidades institucionales corren el riesgo de reproducir, bajo nuevas modalidades, sus vulnerabilidades económicas y estratégicas históricas.

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Referencias

•[1]Panorama-Economico-de-America-Latina-y-el-Caribe-octubre-2026.pdf

https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/34832531/eb69650e-82f9-487f-8b64-6ab844c4d0e8/Panorama-Economico-de-America-Latina-y-el-Caribe-octubre-2026.pdf

NOTA: La elaboración de este informe se realizó sobre la base de la Matriz de Análisis de Defensa21 Latam, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial (Google Gemini y Perplexity) en la búsqueda y sistematización de la información.