La cooperación intrarregional como imperativo y la revisión político-estratégica como herramienta de reflexión y colaboración

José Miguel Piuzzi C.
Director
General en retiro del Ejército de Chile
Doctor en Sociología y Magister en Ciencias Militares
Enfrentar los desafíos que se han evidenciado en materia de seguridad en las últimas dos décadas, es una de las tareas más apremiante y crítica que enfrenta América Latina en la actualidad. Muestra de ello es el descontento que está presente en la población a raíz de la inseguridad que se vive a diario y que atraviesa toda la región, con peticiones que van desde “sacar a los militares a la calle” hasta emplear cualquier medio para combatir la delincuencia. En esto, los resultados de diversos informes, como los del PNUD, Latinobarómetro y LAPOP son elocuentes. Este último, en su informe de 2021, reveló que en América Latina y el Caribe más del 20% de la población era víctima de la delincuencia; por su parte, Latinobarómetro en el reporte de 2020 estableció que el 35,4% afirmaba que donde vivía (municipio o localidad) se manifestaba la presencia de crimen organizado, grupos armados, y grupos narco o pandillas. Y el índice global de crimen organizado de 2023 (Global Iniciative) arrojó un notorio incremento en los delitos en Latinoamérica con un promedio cercano al de Africa, y con tres países (Colombia, México y Paraguay) entre los peores 5 (cinco) a nivel mundial en materia.
Pero, el panorama es más complejo aún. El problema de la seguridad se agrava cuando consideramos otros riesgos que se han hecho sentir con mayor énfasis en los últimos años. Entre estos, los efectos del cambio climático cuyas secuelas más visibles se pueden evidenciar en los desastres naturales (sequías, inundaciones, mega incendios, fenómenos algales nocivos, etc.) que impactan directamente en la población, en las fuentes de trabajo, y en la mayoría de los casos a los sectores más pobres y con menos posibilidades de reinserción laboral. A estos efectos se suman, también, los frecuentes ataques cibernéticos, como el robo de datos y los “malware”, con consecuencias que pueden ser catastróficas en la infraestructura crítica, en las empresas y en las personas en general, profundizando aún más el clima de inseguridad y descontento.
Desde otra perspectiva, y en una mirada de mediano plazo, no se pueden omitir los efectos de la competencia y de los intereses contrapuestos entre las principales potencias mundiales por los recursos naturales que alberga el espacio latinoamericano. Ello trae consigo un cambio significativo que abre nuevas oportunidades, pero también proyecta algunos riesgos. Como nunca, Estados Unidos está advirtiendo con preocupación la competencia de China, Rusia, India, e incluso Irán, que no solo han fortalecido sus vínculos económicos con varios países de la región, sino que, además, lo han hecho en materia militar. En suma, estamos ante un panorama altamente complejo, a veces un tanto desalentador, que demanda una revisión de la capacidad de respuesta de los Estados ante el conjunto de interrogantes que surgen cada día con mayor intensidad.
Ya no se trata de algunos cambios en el entorno inmediato de los países de la región o de nuevas presiones y demandas que incentivaban las actualizaciones que, de tiempo en tiempo, hacían necesario revisar las estrategias de seguridad, o llevar a cabo renovaciones de los libros de la defensa. La realidad actual y su proyección en el mediano plazo supera los ámbitos de la defensa y de la seguridad vistos como esferas de la acción del Estado que se pueden concebir separadamente. Si bien se trata de funciones del Estado que se deben diferenciar en su concepción específica, tanto por su naturaleza como por el empleo de sus medios, requieren necesariamente, en la determinación de riesgos y amenazas, de una perspectiva amplia e integradora para determinar cómo el nuevo escenario compromete, en su conjunto, las reales capacidades del Estado, de sus instituciones, y las que necesariamente tendrá que generar con la colaboración de otros Estados.
Asumir el desafío que implica una mirada distinta en estas materias no es fácil. No pocas veces los líderes políticos, empresariales y también militares, se aferran a las ideas que han mantenido a través del tiempo. En esto el “sesgo de confirmación” juega un papel muy importante, y encuentra su mejor aliado en la incertidumbre reinante. También aportan la presión del corto plazo o la falta de recursos los que, siendo parte de la realidad, se suelen usar como una especie de fundamento mágico que se impone fácilmente para evitar los cambios, y contribuyen, además, a aliviar la mente frente a la consciencia de que algo importante se está dejando de lado.
Es cierto que, en el ámbito de la seguridad y la defensa, en Latinoamérica, han sido muchos los procesos de modernización que han asumido los ministerios de defensa y que han emprendido las instituciones armadas y las policías en las últimas décadas. En la mayoría de los casos, más allá de los ejercicios prospectivos que han realizado, ha primado una mirada centrada en la realidad más inmediata que les afecta y , a partir de esta, se han proyectado los nuevos desarrollos. Así, pareciera que la visión que se termina imponiendo es una suerte de puesta al día de la organización, en cuanto a estructura, medios y procesos, lo cual no deja de ser un avance importante frente al conjunto de cambios que estamos viviendo. No obstante, a poco andar, surgen nuevos hechos, problemas, o salen a la luz vulnerabilidades que denotan nuevas limitaciones o falencias en las capacidades que se han proyectado. Es como estar avanzando hacia una meta que a su vez se desplaza, pero, en lugar de aproximarse a ella, esta se aleja cada vez más.
Y es que no es fácil tratar de abordar el conjunto de fenómenos y realidades que están marcando un antes y un después en el escenario regional, desde el punto de vista de la magnitud de los desafíos que han surgido en la última década y de los riesgos que estos conllevan. Y lo más apremiante es que estos ya se han hecho sentir, y sus efectos están mostrando nuevas debilidades de los Estados y de sus instituciones.
En materia de seguridad y defensa lo que hoy se impone es emprender una revisión político-estratégica bajo una óptica que responda, a lo menos, a las demandas del entorno lejano y próximo que afecta al país que la realiza. Al ser así fácilmente se vislumbrarán, como verdaderos imperativos, las necesidades de nuevas capacidades que se requieren en materia de seguridad; asimismo, se podrán determinar las tareas que eventualmente deban cumplir las instituciones de la defensa en apoyo a la seguridad, y podrán mostrarse, además, los requerimientos de mutua colaboración con otros Estados, no solo en materia de información, sino en la acción conjunta para sumar esfuerzos frente a situaciones críticas. En esto, un buen ejemplo a nivel internacional es el apoyo que se hace presente frente a desastres naturales, el que además del aporte efectivo que presta en tareas de rescate o de medios para enfrentar una emergencia, trae consigo un alivio para la población afectada al ver que, pese a la magnitud de una calamidad, se cuenta con una ayuda internacional que amplía las esperanzas y posibilidades de recuperación.
El amplio espectro de una revisión político-estratégica que aborde los cambios y riesgos presentes en el escenario local y regional contribuye a la reflexión de alto nivel y a generar ciertas bases que facilitan la coherencia cognitiva y una mejor comprensión de estos temas al interior de los países, a la vez que permite cimentar nuevas fórmulas de cooperación intrarregional, a partir de necesidades ineludibles que en la práctica afectan a todos los países. Así se puede ir avanzando hacia nuevas fórmulas de colaboración que con el tiempo podrán redundar en una mayor integración. Ello no se contrapone al ejercicio de la soberanía de cada Estado ni al derecho y la necesidad de concebir y desarrollar sus propios sistemas de seguridad y de defensa. Tampoco consiste confundir las funciones de seguridad con las de defensa, o intentar securitizar la vida de un país. Se trata de abordar riesgos comunes cuya magnitud, en el presente, superan largamente las posibilidades de respuestas locales y de apoyos todavía muy limitados.

