INFORME ESPECIAL
¿Nuevo rumbo para la seguridad en América Latina?
05 de agosto de 2026
Resumen Ejecutivo
El anuncio de ayer sobre la creación del “Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental”, “brazo ejecutor del Comando Sur” de los Estados Unidos (EE. UU.) como expresó su Comandante, constituye uno de los acontecimientos relevantes de la agenda de seguridad de la región durante 2026. Más allá de su dimensión operativa, la iniciativa refleja una percepción cada vez más extendida de que el crimen organizado transnacional ha dejado de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse, en numerosos países, en un desafío estratégico que afecta la gobernabilidad, la estabilidad institucional, el desarrollo económico y el ejercicio efectivo de la soberanía. El grupo buscaría también fortalecer la respuesta ante emergencias y crisis humanitarias.
El valor de esta iniciativa vinculada a la alianza “Escudo de las Américas” (marzo 2026), no debe medirse únicamente por las operaciones que eventualmente desarrolle, sino por su capacidad para fortalecer la cooperación regional, integrar inteligencia, afectar las economías ilícitas y contribuir al fortalecimiento institucional de los Estados. Su consolidación, sin embargo, dependerá de factores políticos, de la legitimidad regional del mecanismo, y de la incorporación de una estrategia integral que incluya la reducción de la demanda, la persecución financiera y la recuperación de los espacios donde el crimen organizado ha erosionado la presencia estatal.
En este informe abordamos el tema con los primeros antecedentes públicos disponibles, sin relacionarlo con las iniciativas pasadas, ni con los acuerdos sobre materias de seguridad que mantiene EE. UU. con varios países de la región
Un escenario estratégico en transformación
Las amenazas que enfrentan hoy Latinoamérica difieren profundamente de las que marcaron gran parte del siglo XX. Los conflictos convencionales han cedido protagonismo a riesgos complejos y transnacionales que combinan crimen organizado, corrupción, “ciberamenazas”, economías ilícitas, todas ellas con utilización de tecnologías avanzadas.
Diversos informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de la Global Initiative against Transnational Organized Crime, del International Institute for Strategic Studies (IISS) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), coinciden en que las organizaciones criminales han evolucionado hacia redes flexibles que diversifican sus fuentes de financiamiento mediante narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, trata de personas, delitos ambientales y lavado de activos. Esta capacidad de adaptación ha reducido la eficacia de las respuestas exclusivamente nacionales y ha incrementado la necesidad de mecanismos permanentes de cooperación internacional.
En este contexto el anuncio del Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental no surge como un hecho aislado, sino como parte de una tendencia más amplia hacia formas de cooperación capaces de enfrentar amenazas que operan sin respetar fronteras.
De Cusco a una cooperación más operacional
La XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada en Cusco (07-10 de julio), constituyó un antecedente político significativo. La Declaración de Cusco reafirmó la importancia de fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional, las amenazas híbridas, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas.
Aunque dicha declaración no creó un mecanismo operacional, sí reflejó una convergencia regional respecto de la necesidad de respuestas más coordinadas. El Grupo de Trabajo puede interpretarse como un posible paso en esa dirección, siempre que logre traducir el consenso político en capacidades permanentes de coordinación, intercambio de inteligencia y planificación conjunta.
Sin embargo, la pregunta que surge dice relación con la oportunidad en que se presenta esta iniciativa. Y esto podría responder a la convergencia de varios factores, además de la disposición e interés del gobierno de EE. UU. En primer lugar, las organizaciones criminales poseen hoy mayores capacidades financieras, tecnológicas y logísticas que hace una década. Su influencia trasciende el narcotráfico y alcanza ámbitos que afectan directamente la gobernabilidad y la seguridad nacional.
En segundo término, el escenario geopolítico ha incrementado la importancia estratégica del hemisferio occidental. La competencia entre grandes potencias, la relevancia de minerales críticos, las cadenas de suministro y la protección de infraestructuras estratégicas otorgan un nuevo valor a la estabilidad regional.
Finalmente, el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, análisis masivo de datos, vigilancia satelital y sistemas no tripulados ha modificado la forma de enfrentar amenazas complejas. La ventaja estratégica dependerá en gran medida de la capacidad para integrar información y anticipar riesgos y acciones del crimen organizado, más que de reaccionar una vez producidos los hechos.
Algunas fortalezas y limitaciones de la iniciativa
La principal fortaleza del Grupo de Trabajo radica en reconocer que una amenaza organizada en redes requiere respuestas igualmente articuladas. La integración de inteligencia, la interoperabilidad entre instituciones y la coordinación multinacional pueden reducir las ventajas que actualmente poseen las organizaciones criminales al aprovechar las diferencias entre jurisdicciones nacionales.
Sin embargo, el mecanismo enfrenta limitaciones importantes. América Latina mantiene visiones diversas respecto del empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, del grado de cooperación con EE. UU., y de la relación entre seguridad y soberanía. Estas diferencias pueden dificultar la consolidación de una estructura permanente si no existe un consenso político sostenido.
A ello se suma la ausencia inicial de Brasil y México. Brasil ha privilegiado históricamente una política exterior basada en la autonomía estratégica, el multilateralismo y la defensa de la soberanía. México, por su parte, mantiene una relación singular con EE. UU., marcada simultáneamente por una profunda interdependencia y por una fuerte sensibilidad respecto del principio de no intervención. La ausencia de ambos países no invalida la iniciativa, pero limita su representatividad hemisférica y obliga a observar si, en el futuro, se generan condiciones políticas para una participación más amplia.
La perspectiva estadounidense
La iniciativa también debería analizarse en el contexto de la evolución de la política de seguridad de EE. UU. hacia el hemisferio. Existe una continuidad con décadas de cooperación antidrogas, intercambio de inteligencia y fortalecimiento de capacidades regionales. No obstante, se observa un mayor énfasis en considerar a determinadas organizaciones criminales como amenazas estratégicas que afectan la seguridad nacional.
Esta evolución puede generar oportunidades para fortalecer la cooperación, pero también plantea desafíos. Para algunos países será esencial que el mecanismo preserve un carácter verdaderamente multinacional, con reglas claras, respeto a la soberanía y mecanismos de decisión compartidos que refuercen su legitimidad.
¿Más de lo mismo?
La experiencia internacional demuestra que ninguna estrategia contra el crimen organizado resulta sostenible si concentra sus esfuerzos exclusivamente en la oferta de drogas, en la interdicción de cargamentos o en la captura de dirigentes criminales.
Las organizaciones ilícitas sobreviven porque administran sistemas económicos complejos. En consecuencia, una estrategia integral debe actuar simultáneamente en varias dimensiones. Entre estas destacan la reducción de la demanda, la persecución del lavado de activos y de las finanzas ilícitas, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones estatales. Esto implica la acción y fortalecimiento de otras instancias, en los países y a nivel regional, más allá de las tareas del Grupo de Trabajo.
En este sentido, el verdadero desafío no consiste únicamente en debilitar a las organizaciones criminales mediante la acción policial y ahora militar, sino en fortalecer la capacidad del Estado para recuperar gobernabilidad, presencia territorial y legitimidad frente a la ciudadanía. Todo ello abordando las realidades sociales, económicas, y culturales que favorecen el despliegue y acción del crimen organizado.
¿Qué se puede esperar?
Resulta prematuro afirmar que el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental constituye una nueva arquitectura de seguridad regional. Sin duda es un cambio sustantivo por la dirección operativa y por la presencia militar. Además, representa una señal muy clara de una transformación en la forma de comprender los desafíos de seguridad en la región con una fuerte intervención de los EE. UU., particularmente del Comando Sur, y del General Kevin Jarrad designado para liderar el grupo de trabajo.
Su éxito no dependerá exclusivamente del número de operaciones realizadas ni de las incautaciones obtenidas. El desafío va mucho más allá. Por una parte, hay que esperar la respuesta de los países integrantes del grupo de trabajo en cuanto al modo de asumir su compromiso, y el alcance y medios que otorgarán a este cometido. Por otra, los indicadores verdaderamente estratégicos serán la capacidad para integrar inteligencia, afectar las economías ilícitas, fortalecer las instituciones, ampliar la cooperación regional y reducir la influencia territorial de las organizaciones criminales.
En definitiva, el anuncio de la creación de este nuevo Grupo refleja una realidad que probablemente marcará los próximos años. De hecho, las amenazas más importantes en materia de seguridad hemisférica, como se ha insistido en distintos informes y estudios, ya no se centrarán en respuestas exclusivamente nacionales. La seguridad nacional y regional exige mayores niveles de cooperación, confianza, intercambio de información y construcción de capacidades compartidas.
En cualquier caso, la verdadera prueba se jugará en su capacidad para evolucionar desde una iniciativa política hacia un instrumento eficaz, legítimo y sostenible, capaz de contribuir al fortalecimiento de los Estados democráticos frente a organizaciones criminales cada vez más complejas, adaptativas y transnacionales.
NOTA: Para la elaboración del presente informe se utilizaron herramientas de inteligencia artificial (Chat GPT y Perplexity) en la búsqueda de información y confirmación de antecedentes. La estructura, el desarrollo de las ideas y las apreciaciones que aquí se exponen han sido elaboradas por Defensa21Latam.

