Galo Cruz Cárdenas
Docente de la Academia de Defensa Militar Conjunta (Ademic)

[C]ientos de millones de personas viven bajo alguna forma de gobierno criminal. Para ellos, las afirmaciones de los Estados sobre un monopolio en el uso de la fuerza suenan huecas (Lessing, 2021, p. 854).

Consideraciones iniciales

Uno de los dilemas que in-quietan a los investigadores sociales es el hecho de que en la subregión Andina,2 en la que confluyen grupos criminales trans-nacionales y se produce la casi to-talidad de cocaína del mundo, los indicadores de tres de sus cuatro países evidenciaban en años ante-riores una baja tasa de homicidios y por tanto de violencia criminal. En 2019, según análisis de Asmann y O´Reilly (2020), Colombia pre-sentaba una tasa de homicidios del 25,4 por cada 100 mil habitantes, a diferencia de los bajos coeficien-tes de Ecuador (6,82), Perú (8,5) y Bolivia (6,3).

Esta situación comienza a cambiar en los países limítrofes de Colombia después de la salida de escena de las FARC-EP; fue entonces cuando se presentó una reconfiguración armada, carac-terizada por “disputas, alianzas y cooptaciones en torno a los vacíos de poder dejado por el grupo guerrillero” (Indepaz, 2022, p.

47).      Posteriormente, el período

2021-2022 marcó un período de expansión y fortalecimiento de los grupos criminales colombianos y para inicios del 2023, según el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, existirían más de 16 mil alzados en armas (Semana, 22 de abril de 2023). El fortalecimiento de estas organizaciones implicó su expansión más allá de las fronteras.